Contra
la violencia
policial

8 DE MAYO | DÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL

El día de la lucha contra la violencia institucional fue instituido en el año 2012 por la ley N° 26.811, declarado en conmemoración a la “Masacre de Budge” ocurrida el 8 de mayo de 1987. Ese día la Policía Bonaerense fusiló a Agustín Olivera (26), Oscar Aredes (19) y Roberto Argañaraz (24) en una esquina de su barrio, en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora y luego intentó simular un enfrentamiento.

Por ese entonces, habían transcurrido poco más de tres años del advenimiento de la democracia y la escena parecía una reiteración de lo ocurrido tantas veces durante la dictadura militar, en el marco de las prácticas genocidas perpetradas por militares y agentes de seguridad.

Sin embargo había algunas diferencias. La primera fue que estábamos en democracia. Y la segunda, que esta vez la muerte por parte del Estado no venía asociada al exterminio sistemático de militantes presentados por los represores como “delincuentes subversivos”, sino a jóvenes pertenecientes a los sectores populares cuya condición social los estigmatizaba como “delincuentes”.

Esta violencia del estado no surgió en la dictadura, las ejecuciones sumarias y las torturas eran una práctica habitual de las policías mucho tiempo antes del último golpe. Ya en la década del sesenta Rodolfo Walsh se refería a la bonaerense como “la secta de la picana y el gatillo alegre”.

Precisamente fue la Masacre de Budge uno de los primeros hechos reconocidos como “gatillo fácil”. Así denominó León Zimerman, el abogado de la Liga Argentina por los derechos del hombre que patrocinó a las familias. Fue una variación del nombre dado por Walsh a las ejecuciones sumarias de la bonaerense, que señalaba la continuidad. En este caso, lo notable fue que a pesar de lo habitual de estas violencias sufridas por el barrio donde vivían Agustín, Oscar y Roberto, los vecinos reaccionaron y denunciaron con intensas movilizaciones lo ocurrido. Esta activación popular en torno al hecho hizo posible que la justicia condenara a los policías responsables: Juan Ramón Balmaceda, Juan Alberto Miño e Isidro Rito Romero.

En este sentido es que cobra significación la Masacre de Budge, no porque haya sido el primer caso luego de la dictadura sino porque fue el que obtuvo una alta visibilidad pública y respuesta colectiva, que permitió desarticular la versión policial y juzgar a los responsables, al mismo tiempo que incorporó otras modalidades de la violencia estatal a la agenda de los derechos humanos post terrorismo de estado.

La emergencia del “gatillo fácil” en la esfera pública permitió comenzar a desnaturalizar prácticas habituales de las fuerzas de seguridad, cuya perpetración infligía graves violaciones a los derechos humanos de los sectores populares, no sólo restringidas a las ejecuciones sumarias sino a las torturas y malos tratos (físicos y psicológicos), las detenciones ilegales, las razzias, el hostigamiento y también la desaparición forzada de personas.

Las desapariciones de Andrés Núñez (1990) y de Miguel Bru (1993) en La Plata por parte de la policía bonaerense, fueron dos casos paradigmáticos que dieron cuenta de las continuidades con la dictadura y de la ferocidad de la violencia del Estado en democracia. Por otro lado, el caso de Walter Bulacio (1991) adolescente detenido en una razzia en un recital de rock en Buenos Aires y muerto por consecuencia de la golpiza sufrida en la comisaría, permitió visibilizar las prácticas de violencia sistemática de las policías contra los jóvenes, ligadas al hostigamiento, las detenciones ilegales y la tortura. La desaparición de Jorge Julio López (2006) en el marco del juicio contra el ex comisario Miguel Etchecolatz confirmaría una vez más la permanencia de prácticas represivas vinculadas con la última dictadura militar y sostenidas sobre una trama de complicidades, encubrimientos e impunidad.

Violencia institucional y tortura sistemática

Cuando se habla hoy de “violencia institucional” -un concepto, sujeto a múltiples controversias y debates- no se restringe a las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas policiales sino por las instituciones estatales ligadas al sistema penal y de salud: cárceles, comisarías, institutos cerrados para jóvenes, lugares de encierro para personas con padecimiento mental y la justicia. La utilización de este concepto, permite integrar distintas violencias generadas por el estado que provocan graves padecimientos en sus víctimas, y también de sus familias. En el marco de la violencia institucional, debemos asignar un lugar central al concepto de tortura, una práctica institucionalizada y sistemática utilizada de manera continua y permanente en todos los ámbitos de encierro y por parte de todas las fuerzas de seguridad.

La tortura debe analizarse desde su multidimensionalidad, abarcando los padecimientos físicos y psicológicos de las personas, provocados por la gran variedad de situaciones que generan dolor, y se enmarcan en lo que denominamos el sistema de la crueldad. Sistema complejo, integrado por múltiples agencias que se constituyen e identifican desde una concepción violenta, que ubica al otro diferente como enemigo a ser destruido. Sistema que deshumaniza, segrega, neutraliza subjetividades, ignora y naturaliza la muerte y el padecimiento de otros seres humanos. Sistema que no se constituye solo como una cultura institucional asociada a ciertos condicionamientos sociales, sino como una política del Estado.

La tortura es sistemática por tratarse de una práctica extendida, rutinaria y generalizada y por el conocimiento, consentimiento y aval estatal de la misma.

Las instituciones de encierro

A diferencia de la violencia policial la cuestión de la situación carcelaria estuvo invisibilizada mucho tiempo, cobrando cierta notoriedad en los motines de los penales cuyo tratamiento mediático poco revelaba a la sociedad, de las graves violaciones a los derechos humanos padecidas por las personas privadas de su libertad. Durante muchos años, incluso antes de la dictadura, las denuncias de tortura y muerte en la cárcel estaban limitadas a las demandas por los presos políticos, invisibilizando las condiciones generales de encierro que padecía toda la población privada de libertad.

No fue sino hacia mediados de la primera década del siglo XXI que fue tomando estado público, a partir de las denuncias de los organismos de derechos humanos y en particular de la Comisión Provincial por la Memoria. La Masacre de Magdalena en 2005, donde fueron asesinadas -quemadas y asfixiadas- 33 personas encerradas intencionalmente en un pabellón de la Unidad Penitenciaria N° 28, fue un hecho que al ser noticia en los medios, permitió visibilizar el padecimiento en el encierro y la tortura sistemática por parte del servicio penitenciario, que también provoca la muerte. En ese año, la prueba judicial de la picana eléctrica mostró también la continuidad de prácticas de la dictadura. Los procesos de “carcelización” de los institutos de menores o centros cerrados para jóvenes, que se fueron igualando a las cárceles en gobernabilidad, prácticas y violaciones de derechos humanos, cerró el círculo de un sistema que no distingue lugares ni edad.

Las personas con padecimiento mental recluidas dentro de los grandes manicomios continúan sufriendo el encierro en las condiciones más crueles e inhumanas. Donde el abordaje de la salud mental, hegemonizado por un enfoque psiquiátrico biomédico, se complementa con el modelo de seguridad penitenciario aplicando una serie de prácticas que, en su conjunto, configuran un circuito de deterioro físico y subjetivo para las personas privadas de su libertad. Circuito ampliamente legitimado por un Poder Judicial que lo entiende como único tratamiento posible del padecimiento mental.

Las altas tasas de fallecimientos dentro de estos espacios y la falta de interés por investigarlas, la gran mayoría muertes evitables, dan cuentan -como último eslabón de una cadena de hechos tortuosos- del maltrato, la desatención y los agravamientos en las condiciones generales de internación al que estas son sometidas.

 

A diferencia de la violencia policial la cuestión de la situación carcelaria estuvo invisibilizada mucho tiempo, cobrando cierta notoriedad en los motines de los penales cuyo tratamiento mediático poco revelaba a la sociedad, de las graves violaciones a los derechos humanos padecidas por las personas privadas de su libertad. Durante muchos años, incluso antes de la dictadura, las denuncias de tortura y muerte en la cárcel estaban limitadas a las demandas por los presos políticos, invisibilizando las condiciones generales de encierro que padecía toda la población privada de libertad.

No fue sino hacia mediados de la primera década del siglo XXI que fue tomando estado público, a partir de las denuncias de los organismos de derechos humanos y en particular de la Comisión Provincial por la Memoria. La Masacre de Magdalena en 2005, donde fueron asesinadas -quemadas y asfixiadas- 33 personas encerradas intencionalmente en un pabellón de la Unidad Penitenciaria N° 28, fue un hecho que al ser noticia en los medios, permitió visibilizar el padecimiento en el encierro y la tortura sistemática por parte del servicio penitenciario, que también provoca la muerte. En ese año, la prueba judicial de la picana eléctrica mostró también la continuidad de prácticas de la dictadura. Los procesos de “carcelización” de los institutos de menores o centros cerrados para jóvenes, que se fueron igualando a las cárceles en gobernabilidad, prácticas y violaciones de derechos humanos, cerró el círculo de un sistema que no distingue lugares ni edad.

Las personas con padecimiento mental recluidas dentro de los grandes manicomios continúan sufriendo el encierro en las condiciones más crueles e inhumanas. Donde el abordaje de la salud mental, hegemonizado por un enfoque psiquiátrico biomédico, se complementa con el modelo de seguridad penitenciario aplicando una serie de prácticas que, en su conjunto, configuran un circuito de deterioro físico y subjetivo para las personas privadas de su libertad. Circuito ampliamente legitimado por un Poder Judicial que lo entiende como único tratamiento posible del padecimiento mental.

Las altas tasas de fallecimientos dentro de estos espacios y la falta de interés por investigarlas, la gran mayoría muertes evitables, dan cuentan -como último eslabón de una cadena de hechos tortuosos- del maltrato, la desatención y los agravamientos en las condiciones generales de internación al que estas son sometidas.

 

Violencia institucional y mano dura como política de Estado

En tanto violencia ejercida por el Estado, todo hecho de violencia institucional es una violación a los derechos humanos. No son sólo prácticas rutinizadas por las agencias estatales sino parte de una política represiva que fue agudizándose al calor de las políticas neoliberales que generaron un proceso de profunda regresión social, desocupación, pobreza y una fuerte fragmentación y segmentación social. La violencia institucional es una técnica de gobierno y control social de determinados grupos sociales, mayoritariamente jóvenes y pobres, sobre quienes se despliegan selectivamente dispositivos represivos, torturas sistemáticas y muertes.

No responden al autogobierno de las fuerzas que perpetran la violencia, sino que están ligadas a una política criminal cuyo paradigma punitivista genera las condiciones de posibilidad, propicia y legitima las prácticas.

Las autoridades estatales, son responsables por acción u omisión, de la política criminal. El poder ejecutivo que diseña e implementa las políticas, el poder judicial que las convalida en sus resoluciones y el poder legislativo que aprueba leyes regresivas dándole el soporte normativo necesario.

La violencia institucional fue tomando una particular dimensión con la instalación en la agenda de los gobiernos de las denominadas políticas de mano dura que -en un contexto de incremento de los índices de delito- proponían respuestas efectistas mayoritariamente asentadas en la respuesta punitiva, la saturación de policías en el territorio y la identificación de los delincuentes con el estereotipo del joven pobre. Se trató, en definitiva, de propiciar el ablandamiento de las garantías, el endurecimiento del sistema penal y el fortalecimiento del dominio territorial de la policía para la regulación territorial de personas y mercados legales e ilegales. Para estas políticas de seguridad los derechos humanos se convierten en un obstáculo para combatir el delito.

El resultado nunca ha sido el prometido- una mayor seguridad para la vida y la propiedad de las personas- sino un incremento de la cantidad de personas detenidas en condiciones inhumanas, la mayoría sin sentencia, aumento de las detenciones ilegales o arbitrarias, del empleo de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, más desapariciones forzadas, y mayor despliegue de la violencia en los territorios a la par del desarrollo de los mercados ilegales regulados, propiciados o consentidos por actores policiales, judiciales y/o políticos.

La selectividad del sistema penal se profundizó no sólo porque la gran mayoría son pobres, sino porque se captura a los eslabones más débiles de los mercados ilegales. Los discursos y políticas de guerra contra el crimen, no solo no impactaron en la disminución del delito, sino que por el contrario, han provocado mayor violación de derechos a los grupos más vulnerables de la sociedad y un incremento de la peor violencia, que sin dudas es la provocada por el estado. Porque en general, aquellos considerados “sospechosos” son siempre varones, jóvenes, pobres. Y a los “sospechosos” muchas veces los investigan sin orden judicial, los amenazan, los golpean, los torturan, y no en pocas ocasiones los matan, por gatillo fácil o por cárcel.

los investigan sin orden judicial, los amenazan, los golpean, los torturan, y no en pocas ocasiones los matan, por gatillo fácil o por cárcel. Así como existe una política criminal que persigue a los pobres, los captura y los condena, también existe un sistema de impunidad que encumbre las prácticas ilegales de los agentes estatales y un poder judicial que les garantiza eludir la sanción. Al mismo tiempo, se priva del derecho de acceso a la justicia, al debido proceso y a la defensa en juicio, a todos aquellos que somete al peso de la ley. Nuestra justicia somete a los débiles y protege a los poderosos. Y este conjunto de prácticas que despliega es parte de la violencia institucional.

Organizarse contra la violencia institucional

Muchas veces las organizaciones surgen a partir de casos particulares y contra violencias específicas: violencia carcelaria, “gatillo fácil”, causas armadas, tortura, impunidad, entre otras.

La violencia institucional hoy es una idea que, aún en sus problemas de definición conceptual y el potencial riesgo de invisibilizar conceptos y prácticas como la tortura, delimita un campo de acción política y logra enunciar un conjunto de prácticas estatales que vulneran derechos de amplios colectivos sociales.

Es a partir del reconocimiento mutuo y la unidad de los afectados que es indispensable coordinar acciones desde los todos los sectores populares y orientar demandas al Estado, que deben no sólo garantizar el castigo de los culpables y la reparación del daño ocasionado, sino modificar las políticas de gobierno, que son las responsables de generar estas violencias.

El fortalecimiento de las organizaciones de víctimas y demás las organizaciones sociales es una de las formas de incidir en la erradicación de estas violencias del estado como forma de profundizar la democracia y luchar contra la desigualdad y la injusticia.

Luchar contra la violencia institucional —

Si no se respetan los derechos humanos no hay democracia plena. Los derechos humanos se exigen y se conquistan con participación, lucha y organización. Para eso necesitamos conocer nuestro derecho a tener derechos. Y juntarnos para defenderlos.